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Seguro Ocupación de Viviendas

Se cumple un año desde que la pandemia hizo su aparición en España y, desde entonces, se ha hablado mucho de la ocupación de viviendas, hasta el punto de generarse cierta alarma social al respecto. Este problema, que no es nuevo, tiene que ver sobre todo con segundas residencias que, debido a los confinamientos y las medidas de restricción de la movilidad que aún están en vigor en muchas regiones, quedan desocupadas más tiempo del habitual y a merced de posibles allanamientos.

En el primer semestre de 2020, el Ministerio del Interior contabilizó 7.450 denuncias por ocupación ilegal, frente a las 7.093 de un año antes, es decir, apenas un 5% más. El incremento no es especialmente preocupante, pero sí la tendencia al alza de los últimos años, tras la que hay factores como el aumento del precio de la vivienda en propiedad y alquiler, las sucesivas crisis económicas y la falta de viviendas sociales.

En contra de lo que a veces se piensa, hay un límite de tiempo para presentar la denuncia desde que empieza la ocupación y es de un año tras producirse el hecho. Además, es recomendable recurrir a un abogado especializado en la materia desde el primer momento ya que sabrá que aportar cuantas más pruebas, será mejor.

De hecho, siempre se debe recurrir a profesionales y nunca expulsar a los ocupantes por iniciativa propia ni contratar a empresas que, por ejemplo, realicen cortes en el suministro de luz para conseguir el desahucio, algo que, a su vez, sería ilegal.

Por otro lado, la ley 5/2018 de 11 de junio de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil estableció un procedimiento más ágil para recuperar la vivienda: si los ocupantes no justifican que residen legalmente o no contestan en cinco días, el juzgado ordenará su salida inmediata. No obstante, la realidad es que el trámite puede demorarse hasta unos cinco meses.

Ahora bien, este procedimiento se aplica solo a propietarios particulares, a entidades sin ánimo de lucro o públicas que sean propietarias o poseedoras de vivienda social. Quedan excluidas las entidades financieras, promotoras y fondos de inversión, que tendrán que acudir a la vía penal, si se ha producido un delito; o a un procedimiento civil más lento que puede alargarse si se llega a juicio, o si en la vivienda hay menores, ya que en estos casos intervienen los servicios sociales.

En todo caso, los particulares con segundas residencias quedan totalmente protegidos por la ley.

En resumen, hay vías de reclamación, pero hacerlo con garantías de éxito requiere contratar un abogado y eso siempre es un coste añadido. Por eso tiene sentido contratar un seguro que garantice la actuación de especialistas.

El seguro ARAG Defensa Jurídica ante la Ocupación ilegal, garantiza la presentación de una reclamación para recuperar la vivienda, así como la reclamación por los posibles daños causados al inmueble. El coste de la prima es mucho menor del que puede alcanzar toda la gestión si el propietario contrata un letrado por su cuenta. Además, como garantías adicionales, el producto incluye la defensa en cuestiones administrativas municipales y el acceso al servicio de asistencia jurídica telefónica para resolver cualquier duda de tipo legal.